Las Órdenes Ejecutivas de Trump en Materia de Inmigración

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Por: Isaac Adams, Esq.

El 25 y 27 de enero de 2017, el Presidente Donald Trump firmó tres órdenes ejecutivas con un gran impacto en inmigración. La orden ejecutiva del 27 de enero de 2017, ha recibido mayor atención por parte de los medios de comunicación debido al gran alcance en la suspensión de la entrada a los Estados Unidos a inmigrantes de 7 países: Irán, Iraq, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen. De la manera como fue implementado inicialmente, la orden suspendió la entrada a los Estados Unidos de ciudadanos de esos países por 90 días, incluso para los residentes permanentes legales. A partir del 3 de febrero de 2017, las partes de la suspensión de entrada de inmigrantes de esta orden ejecutiva han sido congeladas temporalmente por las cortes federales, y ya no están en vigencia hasta que alguna decisión sea tomada por los tribunales o el presidente.

A pesar de las sentencias del tribunal respecto a la prohibición de la entrada de inmigrantes, partes de la orden ejecutiva de enero de 2017 todavía están vigentes, incluyendo los 120 días de suspensión del Programa de Admisión de Refugiados y la suspensión indefinida del programa de refugiados de Siria.

Las dos órdenes ejecutivas firmadas por el Presidente Trump el 25 de enero de 2017, ordenaron la construcción de un muro fronterizo en la frontera de Estados Unidos con México, y hace un llamado a cambios en cómo nosotros damos prioridad al cumplimiento de la política migratoria. Mientras el Presidente Trump ha autorizado la construcción de un muro en la frontera, este costaría más de lo que está actualmente presupuestado, lo que significa que el congreso tendría que aprobar la financiación para la construcción del muro antes de que se realice cualquier avance importante en esa orden.

La orden que busca un cambio en la política migratoria, clama por la expansión de deportaciones aceleradas y amplía la definición de la criminalidad para fines de inmigración. Los procesos de deportaciones aceleradas, entraron en efecto antes de que esta orden ejecutiva fuera expandida significativamente y ha demostrado que quebranta las protecciones procesales fundamentales. Esta expansión probablemente priva a los solicitantes de asilo legítimo, de la oportunidad de recibir la protección a la que tienen derecho en Estados Unidos y del derecho internacional.

La orden también amplía la definición de criminalidad que incluye inmigrantes que han sido procesados con un crimen o quienes han cometido actos que podrían interpretarse como crímenes. Entre estos actos criminales están, el cruce la frontera de manera ilegal y estadía con visa más del tiempo permitido. Ampliando la definición de criminalidad para incluir a la mayoría de los inmigrantes indocumentados, esta orden ha hecho que el concepto de darle prioridad a los criminales sea insignificante y previene que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) le dé prioridad a que criminales violentos sean detenidos y deportados, en vez de los inmigrantes no violentos.

Mientras que estas órdenes son propensas a tener efectos de amplio alcance a medida que avanzan, las órdenes están siendo cuestionadas en las cortes. Miembros de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos y el Senado han introducido una legislación que intentaría cancelar y quitar fondos a parte de estas órdenes. Aún permanece sin claridad una importante promesa sobre la medida en que estas órdenes se aplicarían y como serían implementadas. Lo que es claro, es que las cortes federales y abogados calificados de inmigración, son clave para garantizar la protección de los derechos procesales fundamentales de los inmigrantes durante estos tiempos de dificultad.

 

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